Desde una perspectiva económica, cuando en un mercado hay suficientes demandantes (y peor aún si son adictos) siempre habrá oferentes (pocos o muchos, pero siempre habrá).
México se metió (o lo metieron, no sé bien la historia de cuando comenzó esto) en la producción y el tráfico de drogas hacia EUA. Y desde 1990, que se empezaron a contabilizar los homicidios en México, hasta 2005 esta tendencia iba a la baja. Los narcotraficantes muy pocas veces se metían con la población.
Sin embargo, (como ya está relatado en el post Violencia en México 2006-2018) poco a poco “el crimen organizado” empezó a diversificar su actividad y empezó a cundir el miedo en la población por el aumento de homicidios, secuestros y extorsiones. En diciembre de 2006, el gobierno de Calderón declaró la “guerra contra las drogas” y allí se disparó una ola de violencia que aún no acaba.
Creo que en esa frase estuvo el error de la estrategia de seguridad. Es sano que la gente viva sin drogas, pero es vital que viva sin violencia. La política contra las drogas debe ser abordada desde la salud pública. Y la política contra los violentos debe ser abordada desde la seguridad pública (incluso seguridad nacional).
En la primera parte del sexenio, el gobierno de Calderón se dedicó a matar/capturar líderes de cárteles de droga y provocó la ola de violencia. En la segunda parte, se dedicó a combatir a Los Zetas (que eran los más sanguinarios y aterrorizadores) y así disminuyeron la violencia. Por su parte, el gobierno de Peña Nieto no definió una estrategia clara y predominó lo que hizo primero Calderón (descabezar ciertos cárteles), pero la consecuencia fue la atomización de la violencia y el recrudecimiento de violencia entre organizaciones criminales.
López Obrador, su gabinete y su partido han demostrado su interés por adoptar una política contra las drogas desde la salud pública. Sin embargo, ¡no hay política contra los violentos! Ya lo hemos detallado en el post La estrategia de AMLO para detener la violencia y su fracaso.
“En México seguirá habiendo narcotráfico. Entonces ¿a qué se puede y debe aspirar en materia de combate al crimen organizado? Un objetivo realista y ambicioso a la vez, sería que el Estado tenga la capacidad real de imponerle a las organizaciones criminales un conjunto de reglas muy estrictas sobre lo que les es permisible y tolerable.” Guillermo Valdés, https://www.nexos.com.mx/?p=30864
A continuación explicito mis recomendaciones, que van en línea con el párrafo anterior:
- Corto plazo
- Ataque frontal a quienes perpetúen masacres y secuestros (con la Guardia Nacional). Existe la suficiente inteligencia y poder para capturarlos. Así lo decía el mismo Servando Gómez, líder de los Caballeros Templarios.
- Frenar la difusión de videos/fotografías de asesinatos. La difusión de estos materiales provoca una psicosis colectiva que vive con miedo y pánico. No se debe obstaculizar el trabajo periodístico que saque a luz los problemas, pero no es conveniente que todos vean la crueldad de los crímenes.
- Frenar el flujo ilegal de armas provenientes de EUA (sí lo plantea AMLO). Y si Trump quiere colaborar, esa es la principal forma en que lo puede hacer.
- Replicar el mapa de “violencia” que implementó el Gob. de CDMX a todo el país. Así el gabinete de seguridad, sin intermediarios, puede ver los focos rojos que detecta la misma población. Esto es inteligencia colectiva.
- Mediano plazo
- Seguir con la retórica de pacificación (sí lo plantea AMLO). Es fundamental que los capos entiendan que esta guerra fraticida no tiene sentido. Aquí también tienen cabida todas las confesiones religiosas para reafirmar su compromiso con la vida y la paz. Y el compromiso de todos con el diálogo.
- Depuración y capacitación de policías estatales (no sé aún si deben permanecer las municipales, creo que no porque dispersa mucho el poder). México es una República Federal y por tanto debe fortalecer su federalismo, los problemas de violencia no se podrán solucionar de manera definitiva si no hay colaboración y responsabilidad por parte de gobernadores.
- Depuración, capacitación y mayor seguridad para fiscales y jueces. Hasta que no impere un auténtico Estado de derecho en México no conseguirá la paz.
- Largo plazo
- Educación universal básica, media y superior (sí lo plantea AMLO). Si se les brindara la oportunidad de estudiar, muchos de los (jóvenes) que ahora están en el crimen nunca hubieran entrado en él.
- Trabajo cada vez mejor remunerado (sí lo plantea AMLO). Aunque ciertamente la actividad ilegal tendrá una remuneración mayor, muchos optan por el crimen porque no tenían siquiera para comer. Se deben brindar más oportunidades de empleo.
Entonces, se ve que no es instaurar una “Pax narca” a través de un pacto entre el gobierno y los narcos, sino separar la política contra las drogas de la política contra los violentos. No puede haber cabida a una negociación bilateral entre el gobierno y los criminales. El Estado mexicano tiene la posibilidad y la capacidad (aunque cada vez más menguada) de imponer unilateralmente la aplicación de la ley, en particular el ataque frontal contra los quienes perpetran delitos tan dolorosos como el asesinato, el secuestro y la extorsión.
“Las capacidades del Estado mexicano para perseguir y desarticular a las grandes organizaciones del narcotráfico se han incrementado significativamente. Para dimensionar este logro debe recordarse que el narcotráfico operaba a plena luz del día; que Miguel Ángel Félix Gallardo —máximo líder del narco en los ochenta— era figura pública, consejero de un banco, operaba en un despacho conocido en Mazatlán y nadie lo perseguía; que el Nuncio apostólico recibía y confesaba a los Arellano Félix y no pasaba nada; que los cárteles tenían duración de décadas. Eso se acabó. Eso es un avance y no menor, (…) El rumbo está marcado y aunque algo se ha avanzado aún falta mucho camino por andar.” Guillermo Valdés, https://www.nexos.com.mx/?p=30864
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