Memoria y paz en Colombia

Resumen del documento "Rompecabezas de la memoria" publicado en 2014 por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La historia del conflicto armado en Colombia se ha contado por pedazos. Es muy importante la creación de una comisión de memoria histórica porque el tema de verdad y memoria histórica hacen parte de los acuerdos de paz en el país, ya que se busca al máximo la verdad, justicia y reparación. Los objetivos de ella son: descubrir y reconocer los abusos que se cometieron; responder a las necesidades específicas de las víctimas; contribuir a la justicia; señalar la responsabilidad de los victimarios; y promover la reconciliación.

La gente está convencida de que la guerra debe acabar. Y aunque la administración de Santos firme un acuerdo con las FARC; eso no significa la paz.

Porque, la paz consiste en llevar a cabo el cambio social que ha estado obstruido por la guerra y así afrontar los verdaderos conflictos. El país no puede seguir dándole la espalda a su población indígena, afrocolombiana, campesina, obrera, estudiantil, mientras al tiempo se entretiene con la guerra. Hacer la paz es comenzar a solucionar los conflictos sociales de fondo.

La criminalización de la historia implica su despolitización, promoviendo el discurso de que todo ha ocurrido como resultado de la acción de pequeños grupos anómalos incrustados como virus en el sano cuerpo de la sociedad. Sin embargo, ya se conoce que las élites tradicionales han robado por vía fraudulenta e ilegal muchísimos recursos de la nación. A pesar de que los guerrilleros y paramilitares se han apropiado con violencia de una gran cantidad de territorio, eso no es todo lo que se ha usurpado a los campesinos.

Colombia es un país con una enorme injusticia social de distribución de riquezas, penetrado por redes criminales, amordazado por el miedo y el terror, donde las víctimas han arrastrado sus penas durante cincuenta años sin redención alguna.

Al realizar una reflexión analítica, se observa que los diferentes informes confirman la inevitable relación entre la memoria colectiva y la interpretación histórica de los hechos. Entender la memoria en su contribución a la verdad es fundamental; se trata de pensarla como una necesidad, un derecho político y una contribución importante para reconstruir y esclarecer los hechos.

No se hace memoria por la existencia de un decreto. No se requiere una decisión oficial para que la gente deje o no de hacer memoria; ya que las víctimas elaboran muchos y valiosos ejercicios de memoria con distintos fundamentos.

Es necesario hacer memoria en medio del conflicto para transformarlo y encontrar salidas. Además, es interesante concebir a la memoria como un espacio donde los que no han tenido voz, porque han sido excluidos, pueden tenerla porque es una manera en que la memoria se pone en función de la democracia. El trabajo de reconstruir la historia de las víctimas responde a la voluntad de que la verdad se conozca y que los hechos no queden sin ser conocidos.

Sin embargo, la memoria tiene defectos: es débil porque está amenazada e impera el silencio producido por la presencia de actores armados; también es frágil porque depende de la perspectiva subjetiva.

La comunicación es un aspecto esencial de la memoria; si la memoria no es pública, no es memoria. Aquí, los artistas son claves porque el arte es una vía maravillosa para dar a conocer obras de manera estupenda.

La memoria de la verdad, en su dimensión colectiva, hace que la narración

sea puente entre una experiencia íntima de dolor y un daño colectivo que

debe ser reconocido en una nueva memoria compartida, así se hace un proceso sanador que contribuye a la transformación de la sociedad poniendo las bases para la no repetición de hechos violentos. Además, se le puede dar un sentido reflexivo, viendo a la memoria como forma de aprender de la experiencia humana.

Todas las personas: hombre y mujeres, jóvenes y adultos, indígenas y afrocolombianos, campesinos y obreros, estudiantes y empresarios. Absolutamente todos deben gozar de las mismas libertades, por eso no se deben deja maltratar por nadie por medio de la denuncia con valentía.

Vale tanto la familia (mamá) del guerrillero, como la familia (mamá) del chico del ejército. Cada uno tiene su ideología y lucha por ella. Pero, lo importante es la aceptación de esa diferencia porque si se rechaza se hace la guerra. La apuesta política por la paz emerge en muchos casos de lo intolerable de la violencia y la injusticia. Apostar por la paz es hacer que en el presente haya

espacio para el amor, hacer posible un modo de vida que no instrumentalice a las personas preparándolas para la guerra por medio de divisiones.

El poder y los recursos han sido el centro de las confrontaciones violentas, padecidas en Colombia durante más de cincuenta años. Cada actor social o político que ha estado involucrado en las dinámicas de violencia, no solo ha defendido intereses, sino que se ha implicado, o lo han implicado forzadamente, en formas de acumulación de riquezas, de reparto del botín o de despojo.

El objetivo de los grupos armados (insurgencia, contrainsurgencia y Estado) ha sido someter a la población o transformarla en parte bélica activa contra el otro.

La periodización distingue el “periodo” entre 1958 y 1982 de transformación de la violencia bipartidista en violencia subversiva; de 1982 a 1996, de expansión guerrillera y aparición paramilitar; de 1996 a 2005, de tragedia humanitaria: lucha a sangre y fuego por el territorio. De 2005 a 2012, la desmovilización de las AUC y repliegue de las FARC a su retaguardia.

La violencia tuvo una motivación política, pero no la única. Con el paso del tiempo, con pretextos políticos inmediatos, se incorporaron ingredientes de tipo económico y social (lucha de clases).

La violencia es un proceso no es un acto aislado, sino un proceso que tiene sus causas y sus consecuencias. La violencia actual es una continuación, con otras modalidades, de un hecho de violencia que en un momento dado se desencadenó y no se ha podido frenar de ninguna manera. En el fondo, hay motivos que están incentivando continuamente una situación de lucha en Colombia. Las situaciones exigen soluciones adecuadas a su contenido, a su esencia y a su dinámica.

La familiarización con los sucesos violentos ha sido una de las cosas más perjudiciales para la sociedad colombiana. La continuidad de la violencia es tanta que la gente se insensibiliza. En Colombia ya no se protesta porque la sociedad se acostumbró a sus muertos y tiene miedo de que la maten por protestar.

Para la sociedad civil es de gran importancia tener en cuenta todo lo que la comunidad local se juega en la reinserción, que toca actores económicos, culturales, religiosos, educativos, de orden público, y también grupos en armas (guerrillas, paramilitares y autodefensas). Por eso es de gran relevancia para la sociedad civil poder dialogar con todos estos actores, distribuir responsabilidades y compromisos, y establecer normas de seguimiento y control grupal sobre las cosas que se acuerden, con la presencia de un Estado eficaz.

La circunstancia específica en Colombia es la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales del ser humano se ha dado dentro de regímenes de democracia formal. La violencia se ha mantenido porque las mentiras de los actores políticos sólo se han cubierto mediante la fuerza y el terror, la evasión de debates y análisis, o el ocultamiento, control y distorsión de la información. A este grave problema, no se ha encontrado hasta el momento una solución adecuada.

Al examinar la “democracia” colombiana, se concluye que aquí hay una democracia ficticia porque teme propuestas alternativas y está cimentada en injusticias estructurales generadoras de miseria y de violencia.

A la verdad se le ha cerrado el paso o se le ha neutralizado, desvirtuando los testimonios, por la intimidación, el soborno y la evaluación arbitraria de los mismos. Los victimarios han logrado erradicar la verdad, bloqueando o destruyendo el camino que lleva a identificar los hechos sucedidos con los hechos conocidos, el camino que lleva a identificar lo que se sabe con lo que se testimonia.

Las políticas públicas deben consolidar unas condiciones sociales y políticas que reconozcan y dignifiquen a las víctimas, y conduzcan a la paz y a la inclusión social. Es necesario transformar la estructura institucional que ha sido diseñada para tiempos de guerra y lograr, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad, construir una institucionalidad propicia a los objetivos de la paz, aunque es evidente la vigencia del conflicto armado en el país.

El deber de reparar comprende la adopción de medidas legales, administrativas y de cualquier otro carácter, que permitan restituir a las víctimas en sus derechos transgredidos y, si esto no es posible por lo irreversible del daño causado, proceder a una reparación integral. Esta reparación debe atender no solo a los daños materiales, sino también a la quiebra del proyecto de vida de las víctimas, sus familiares y su grupo social inmediato.

El tiempo de la transición será largo, pues el de la guerra ha cubierto al menos cuatro generaciones. Una década para trasformar el Estado y los rasgos culturales permeados por el conflicto es el mínimo requerido, ya que se trata de un sistema, con sus estructuras y visiones del mundo, enraizado en las concepciones colectivas. Por ello, las recomendaciones de una arquitectura para la paz pueden constituir una contribución a la transformación del conflicto aún vigente. Se reconocen los esfuerzos realizados en los últimos años para crear un entorno favorable para la transición hacia la paz.

Construir la paz demandará cuantiosos recursos, pero más costoso resultaría mantener la guerra. Durante décadas, el presupuesto del Estado destinado para la guerra se ha incrementado de manera significativa, lo que hace necesario, en una etapa de transición, desmontar paulatinamente esa tendencia hasta alcanzar el objetivo de diseñar y ejecutar un presupuesto para la paz y el desarrollo social.

El periodo actual, contextualizado en una muy posible firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, requiere de soluciones adecuadas a su esencia.

La violencia ha continuado a lo largo de más de 50 años. Ahora el pueblo colombiano ya no quiere más guerra. Sin embargo, una democracia real no implica la ausencia de conflictos, sino la solución de ellos de manera pacífica.

La solución no es de un día para otro. Pero es seguro que con un esfuerzo constante y una visión de largo plazo. El conflicto armado en Colombia puede superarse con la ayuda del sector político, económico, cultural y religioso. El aporte de la comunidad internacional es muy importante. Sin embargo, lo que marcará el cambio definitivo será la apuesta de todos los colombianos por la paz.